En 2017, la policía detectó un movimiento anómalo de menas en Oviedo. Esta investigación condujo a la detención de 14 hombres acusados de pertenecer a una red de inmigración clandestina de menores que entraban en la península a través de embarcaciones o camiones.
La policía comprobó que 28 menores habían cruzado a territorio español; todos tenían entre 16 y 18 años, procedían de la ciudad marroquí de Tinghir, eran de origen bereber (o arabófono), tenían estudios y buena formación, no pertenecían a entornos desestructurados y acabaron en un centro de acogida de Oviedo.
Según el testimonio del responsable de la operación, todos los menas tenían perfiles similares: eran menores de dieciséis años y procedían de la ciudad marroquí de Tinghir; eran bereberes del norte de Marruecos; tenían estudios y alta formación; no procedían de entornos desestructurados y acabaron en un centro de acogida de Oviedo.
Los investigadores se fijaron en una cocinera del centro por ser bereber y madre de un joven condenado por un delito relacionado con el tráfico de menas, así como en una educadora cuya conversación telefónica fue interceptada.
Las escuchas revelaron conversaciones en las que los acusados preguntaban si había camas libres en el centro, la edad que debían tener los menores para no ser enviados a los servicios de acogida y los requisitos para acceder a estos centros. Los responsables de los grupos de lucha contra la trata de seres humanos en Asturias y Madrid declararon esta semana ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, durante la segunda sesión de un juicio contra presuntos miembros de esta organización. La fiscalía ha solicitado penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los siete años.
En la primera sesión del juicio, ocho de los acusados reconocieron los hechos imputados por la Fiscalía, mientras que los otros seis negaron cualquier participación en una supuesta red de inmigración ilegal. Hoy, más de una docena de policías han ratificado el contenido de las escuchas y vigilancias que dieron lugar a la imputación de los acusados y establecieron sus diferentes funciones dentro de la organización.
El jefe de grupo de la Brigada Central ha asegurado que la policía asturiana pidió su colaboración debido al «flujo de menores» que entraban en Asturias en poco tiempo por el sur de España y llegaban al centro, y también porque muchos no sabían moverse por la península porque «no conocen el idioma, la cultura y la geografía».
El juicio continúa esta tarde con el testimonio de varios agentes de la Policía Científica y para mañana jueves han sido citados por el tribunal 32 jóvenes que ya son mayores de edad.
