Las okupaciones de vivienda están a la orden del dÃa en España, y en los dos años pasados se habÃan multiplicado como consecuencia del confinamiento por el Covid-19, que impidió que muchos propietarios de segundas viviendas pudieran desplazarse hasta estas. Momento que aprovecharon los okupas para ingresar ilegalmente a estas propiedades.
No obstante, en lo que va de 2022 se ha producido a nivel nacional un descenso, pasando de 10.807 en los primeros meses de 2021 a 10.220 en 2022, convirtiendo este año -de los últimos cinco- en el que menos okupaciones se han producido.
Esta es una realidad que, de acuerdo con el Ministerio del interior, se ha producido en la mayor parte de España, sin incluir la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, donde las okupaciones aumentaron en 23, 5 y 3% respectivamente.
Los datos de Asturias sobre las ocupaciones
Si bien los mejores datos son los de Baleares, donde la okupación ha bajado en un 31%; también hay buenas noticias para los asturianos. Y es que las estadÃsticas muestran un descenso del 14,8% en los primeros 6 meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con el Servicio EstadÃstico de Criminalidad de la Secretaria de Estado de Seguridad, entre enero y julio se contabilizan en Asturias 40 okupaciones, frente a las 47 durante los mismos meses de 2021. Por lo tanto, al igual que la tendencia a nivel nacional, se trata del primer descenso en los últimos 5 años.
Hay que tener en cuenta que en estas estadÃsticas no se hace una diferenciación entre allanamiento de morada, es decir, casa principal o segunda residencia donde reside el propietario de forma continua o temporal; y usurpación de viviendas, que no es otra cosa que la ocupación de inmuebles deshabitados, vacÃos o propiedad de entidades bancarias.
Estos datos fueron presentados por el ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska, en medio de la brecha que existe en estos momentos entre el PSOE y su socio Unidad Podemos, por la enmienda presentada por los socialistas para desalojar a los okupas en un plazo de 48 horas. Una medida que, según el portavoz, no va en contra del principio de protección a los más necesitados que lleva a cabo el gobierno.
